“Este decreto facilita la venta de activos del Estado, para agrandar la corrupción de los negocios”, refirió Eduardo Barcesat

Para el experto en temas constitucionales el megadecreto firmado por Macri representa un “golpe institucional” en la medida en que el DNU incursiona en legislación penal y procesal penal y toca aspectos tributarios, temas explícitamente prohibidos por la Constitución, y que debieran ser tratados en el Congreso.
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El Gobierno anunció esta semana la publicación de un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), con 170 medidas que afectan el funcionamiento del aparato del Estado, y afectan a 8 ministerios, a la AABE, a la ANSES y al BCRA, entre otros.

En el aire de Radio 10 Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, rechazó el decreto de necesidad y urgencia lanzado por el presidente Macri y lo calificó como un “golpe institucional” para el país.

“La cláusula constitucional más allá de que no es de las más afortunadas, establece requisitos bastante rigurosos para habilitar la emisión de un DNU, y veda determinadas materias. Ha sido una característica de este Gobierno incursionar en legislación penal y procesal penal a través del DNU, y este decreto afecta aspectos tributarios que es otra de las materias prohibidas por la Constitución”, expresó Barcesat y sostuvo que el DNU de Macri “pone en crisis la supremacía de la Constitución”.

Barcesat reclamó que ese tipo de iniciativas debe llevar el camino institucional que prevé la república y sea el Congreso el que deba tratar la sanción de estas leyes porque “no hay ninguna razón o impedimento para seguir el trámite de tratamiento y sanción de estas normas” por vía legislativa siendo que Parlamento está en período de sesiones extraordinarias.

“Este decreto facilita la venta de activos del Estado, para agrandar la corrupción de los negocios. No hay ningún objetivo grandilocuente detrás de esto. Se llevó a cabo para hacer negocios corruptos”, sentenció.

Puntualmente, sobre los aspectos más conflictivos de la normativa Barcesat resaltó que el DNU “facilita la venta de bienes del Estado, particularmente de las FFAA y del Ejército, porque hay un negocio inmobiliario que se está gestando en la provincia de Mendoza y que ya ha sido motivo de una acción amparo, para privatizar el campo Los Andes, que es un campo limítrofe con Chile, no son tierras que se pueden comercializar sin ningún tipo de recaudo y control”.

Además sostuvo que la medida “significa facilitar el vaciamiento del fondo del ANSES” y allanar el camino hacia una privatización del sistema de la seguridad social.

Viernes 12 de enero de 2018