El juez que suspendió el tarifazo eléctrico en el ámbito de la empresas concesionarias de la provincia de Buenos Aires pasó por los micrófonos de Radio Del Plata y dejó algunas consideraciones acerca de cómo el Estado debe actuar en materia de servicios públicos, y sobre el cuidado de derechos humanos fundamentales como el del acceso a la “vivienda adecuada”-
“Está en juego el derecho a la información a los usuarios y se debate la razonabilidad de la tarifa. Los servicios públicos no tienen precio de mercado, tienen una tarifa y uno de los requisitos es que sea razonable. No deben ser ponderados en función del mercado sino de los derechos”, puntualizó el magistrado.
“El Estado está obligado a subsidiar, no le queda otra alternativa, porque de lo contrario estaría violando derechos, y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado porque ser podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se podría condenar al Estado por violar estos derechos fundamentales”, acotó.
El juez platense advirtió que para darle marco legal a un nuevo cuadro tarifario el Estado está obligado a realizar las audiencias públicas, en las que debe darse participación a los ciudadanos y los usuarios.
Además recordó que “si las empresas facturan el aumento, ellas no lo están pagando el aumento a CAMMESA que son quienes proveen electricidad, de modo que tendrían un enriquecimiento sin causa”.
Sobre la cuestión de fondo aclaró deberá resolverlo esta semana, antes de la feria judicial, y adelantó que
si declara nulo el nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires «las empresas tendrían que devolver todo lo que cobraron desde febrero hasta acá«.
Lunes 11 de julio de 2016
