María Emilia Soria: “En cada acción del Gobierno hay intentonas de beneficiar a empresarios amigos”

La diputada nacional en charla con Mañana Sylvestre valoró el avance en la Justicia de la causa que investiga posibles irregularidades en la licitación de las termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, en la que quedaron imputados tanto Macri, como Iguacel y Aranguren.
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La Justicia Federal imputó al Presidente Mauricio Macri, y a los ex funcionarios de la cartera de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel en el marco de la causa que investiga un intento de privatizar a “precio vil” de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. De acuerdo a la denuncia presentada por diputados opositores, las termoeléctricas se habrían licitado a un valor US$400 millones inferior al real.

En el aire de Mañana Sylvestre estuvo la legisladora de Unidad Ciudadana María Emilia Soria, y volvió a denunciar eventuales favores del Gobierno a empresarios allegados al Presidente.

“Cuando Macri decide privatizar estas centrales, su venta fue por menos dinero que lo que costó construirlas en 2012. Está regalando dinero del Estado y son US$400 millones menos de lo que costó construirlas”, enfatizó y acotó que la conducta de Cambiemos sigue el mismo patrón desde el comienzo de su gestión porque “está de los dos lados del mostrador como sigue haciendo Macri con sus CEO´s disfrazados de ministros en estas intentonas para beneficiar a empresarios amigos”.

“Las obras no se terminan, pero el Estado rescinde el contrato de construcción, pero Macri decide indemnizar a IECSA de Ángelo Calcaterra –primo de Macri- por $1600 millones. Cuando hay incumplimiento de un contrato con el Estado lo que menos se hace es premiarla e indemnizarla”, recalcó.

“Los que compraron a precio vil las centrales termoeléctricas son Nicky Caputo, amigo de Macri, y compañía, los de siempre. Estas operaciones que realizan son muy obvias y fáciles de comprobar”, subrayó Soria.

Ahora la Justicia deberá decidir si concede una medida cautelar para frenar la privatización y determinar si existió una maniobra orientada a la venta de activos estatales estratégicos a “precio vil”, lo que equivale a una defraudación al Estado.

Martes 12 de febrero de 2019