Efectivos de la Policía Federal allanaron oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el Estado durante el gobierno de Cambiemos.
En Mañana Sylvestre consultamos a Julieta Ripoli quien es abogada y fue directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, y quien diera testimonio ante el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa que se tramita y que compromete al ex presidente Macri, y a varios de sus ex funcionarios de Gobierno.
“Hay 3 denuncias tramitadas en materias de concesiones y ya declaré en dos, una es la de Ausol que es la más importante. Lo veo con buenos ojos. Me llama la atención que hasta ahora no haya habido ningún procesamiento y estos 5 allanamientos que hubieron ayer -en simultáneo y en forma sorpresiva- son un buen augurio para el avance de la causa”, refirió la ex funcionaria de Vialidad.
“Acá hay mínimo 4 o 5 tipos penales en juego, el enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional e internacional, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, y también hay un serio caso de asociación ilícita, porque es lo que se ve, y se tiene que investigar”, remarcó.
Consultada acerca de los responsables principales de estas irregularidades en la renegociación de contratos viales, Ripoli consignó: “El ex presidente Macri es el principal, la vice (por Gabriela Michetti) porque firmó el decreto. El ministro (de Economía Nicolás) Dujovne que no refrendó los decretos que por la Constitución debió haberlo refrendado y los funcionarios de Transportes (Guillermo) Dietrich, y (el ex responsable de Vialidad) Javier Iguacel”
“Tres días antes que asumiera Macri se estimuló la presentación de una denuncia ante el CIADI, una denuncia que no tenía sustento jurídico, fue toda una simulación y una puesta en escena para después dar lugar a esta renegociación integral que en detrimento de los intereses del Estado”, aseguró.
Refirió que en la renegociación desde la posición del Estado argentino había una persona que hasta hace poco tiempo antes había sido representante legal de los intereses de AUSOL, empresa concesionaria.
“Se sucedieron una serie de aumentos tarifarios que implicaron una dolarización encubierta antes de que se aprobara la renegociación que beneficiaron directamente a las ganancias que recibía Sideco Americana, además de incrementarse el valor de las acciones de esta empresa. Un contrato de concesión que vencía originalmente en 2020 no iba a valer lo mismo la acción con un contrato que vencía en 2030”, indicó Ripoli.
Viernes 14 de febrero de 2020
