El fiscal Ramiro Gonzalez promovió esta semana una investigación penal contra el secretario de coordinación de la jefatura de Gabinete, Mario Quintana en virtud de una serie de denuncias hechas públicas en distintos medios de comunicación bajo el presunto delito de “tráfico de influencias” y de un eventual favorecimiento desde el Estado a la empresa Farmacity, al contratarla como proveedora de medicamentos para el PAMI.
En el aire de Mañana Sylvestre, el periodista de C5N y Ámbito, Gabriel Morini, dio detalles del expediente judicial que estará a cargo del juez Ariel Lijo.
“Es el comienzo de una investigación y ya se le ha solicitado a la Inspección General de Justicia que provea todos los datos concernientes a Farmacity, incluida su composición accionaria, porque está la discusión acerca de si Quintana tiene el control o no de la empresa”, expresó el periodista.
“Se pidieron todos los expedientes relacionados al juicio que se lleva adelante en la Corte por el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires con el fin de ver si decisiones gubernamentales tomadas por Quintana desde su cargo como funcionario público tuvieron injerencia en beneficiar a la compañía”, dijo y anticipó el pedido de informes que se hará a la Oficina Anticorrupción de todas las declaraciones juradas presentadas por Quintana.
Además, aclaró que en el tratamiento que hará la Corte Suprema sobre el caso Farmacity, y su intención de comenzar a operar en provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal deberá decidir solamente con el voto de Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti, en vista de que dos de sus ministros, Rosenkratz y Rosatti ya se excusaron en virtud de eventuales vínculos de ambos con dicha firma.
Viernes 8 de junio de 2018
