Según el acuerdo alcanzado entre el sector empresarial, la UOM, el gobierno nacional y el provincial, se van a congelar salarios hasta 2020 a cambio de no despedir personal. “Queremos denunciar que los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego hemos sido víctimas de una extorsión por parte de la política del Gobierno nacional en su ambición de modificar las actuales condiciones y en eso quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego”, denunció claramente Martínez en comunicación con Mañana Sylvestre. Como consecuencia de los cambios impositivos que promueve el Gobierno se ponen en riesgo “los más de 10 mil puestos de trabajo directos en nuestro sector, que suman un número similar o mayor de indirectos y que hace que alrededor del 60% del empleo privado tenga ese origen y esa fuente de financiamiento o de ocupación”, destacó Martínez.
“Hemos sido presionados incluso con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos actuales –enfatizó el titular de la UOM Río Grande-. Nos hemos mantenidos muy firmes pero con una enorme dificultad para poder modificar esto que anunció el Gobierno nacional – -la reforma tributaria- y que fue aplaudido por muchos.
«Lamentablemente insistimos en manifestar que producto de esta extorsión hemos aceptado en el debate intenso y profundo con nuestros compañeros transitar esta alterativa para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Porque Tierra del Fuego es una provincia muy alejada, tenemos una población de unos 150 mil habitantes que se vería afectada de manera considerable, prácticamente condenada a la expulsión. Esto que es difícil, que es un trago amargo que nos toca afrontar, es también parte de la responsabilidad que hemos asumido de intentar transitar para defender nuestros derechos, la soberanía y seguir viviendo en la provincia”.
Desocupación en alza
Martínez destacó que el anuncio del Gobierno nacional de modificar las protecciones arancelarias que existían antes en Tierra del Fuego, -llevarlas desde el 17 a 0% y permitir así el ingreso indiscriminado de las importaciones-, hacía que la totalidad de los establecimientos fabriles de Río Grande corrieran riesgo de cerrar sus puertas no bien terminasen las producciones (en 4 ó 5 meses). Eso nos condenaba a la desocupación, a tener que abandonar Tierra del Fuego en muchos casos porque no hay alternativas laborales, no es una provincia que tenga la posibilidad de diversificar la producción. De hecho creo que encabezamos los niveles de desocupación a nivel país”.
“Desde 2015 a la fecha en nuestro sector solamente se han perdido 6 mil puestos de trabajo –detalló Martínez-. En este panorama no es que estábamos en todas las condiciones ideales para plantarnos y defender lo que teníamos”.
Consultado por la actitud de las fuerzas políticas de Tierra del Fuego, el titular de la UOM Río Grande dijo que “como producto de estos anuncios la gobernadora Rosana Bertone tuvo un cambio en su actitud Porque venía siendo bastante obsecuente con la política del Gobierno nacional. En esta circunstancia hizo una convocatoria amplia para tratar de defender los puestos de trabajo; llevó adelante gestiones y cedió parte de la recaudación de la provincia que obviamente afectará a la totalidad de los habitantes en materia de derechos como salud, educación y servicios. Ella también fue víctima de la presión con otras características, porque venía acompañando este proyecto de gobierno. Nosotros en cambio denunciamos desde el inicio de esta gestión que hay una pretendida actitud de expulsar a los habitantes de la provincia”, alertó Martínez-.
En el marco del acuerdo “sin dudas el esfuerzo de los trabajadores es importantísimo en una economía que sigue una carrera inflacionaria que el Gobierno aún no puede detener más allá de modificar –continuó el titular de la UOM Río Grande-. La realidad es que los productos de la canasta familiar siguen modificando sus precios permanentemente, y eso trae consecuencias terribles sobre los sectores más vulnerables. El esfuerzo de los trabajadores en su conjunto no tiene precedentes”.
Actitud expulsiva
Martínez comentó además que “es cierto que durante los años 90 producto del plan de Convertibilidad fuimos condenados a no tener paritarias durante aproximadamente 10 ó más años, hasta 2004. En los años 80 también enfrentamos políticas similares. Eso nos hace fuertes y nos convence más de nuestro compromiso y responsabilidad con la defensa ya no solo de los puestos de trabajo y de los derechos laborales, sino sobre todo con la soberanía en Tierra del Fuego, una provincia muy castigada que tiene dentro de su continente a las Islas Malvinas, que para nosotros es un tema muy sentido. Y lo hemos planteado hasta el hartazgo en cada una de las discusiones con el Gobierno nacional, porque sigue habiendo una ´desmalvinización´ y esto de pretender expulsarnos obedece también a ese tipo de política”.
En diálogo con Mañana Sylvestre, Martínez reconoció que “este congelamiento ocasionará una pérdida importante del poder adquisitivo. Tenemos que tener la capacidad de poder ver en cada una de las instancias cómo nos recuperamos de este golpe durísimo que hemos tenido que asumir. Porque no nos quedaban alternativas. Por dar una vieja anécdota de un chiste que existía donde un prisionero era condenado a muerte salvo que aceptara `dunga dunga´. Insistimos: todos los habitantes de la provincia hemos sido objeto de una extorsión. Lo que sucede es que algunos se niegan a aceptarlo, e incluso están en contra del mantenimiento de la industria en la provincia. De hecho el Gobierno nacional consiguió un apoyo cercano al 30%. Esto habla a las claras que muchos habitantes de Tierra del Fuego, contradictoriamente, también apoyan este tipo de políticas”.
Por último Martínez señaló que “cuando asumió este Gobierno llevó adelante una política muy particular que fue censar a los trabajadores en cada uno de los establecimientos para evaluar su nivel de arraigo, porque justamente estaban en juego estas decisiones. Consideraban que producto de esta política se iba a reducir considerablemente la población, muchos iban a volver a sus provincias de origen. Hace dos años que veníamos denunciando que esta situación se iba a producir y que el Gobierno nacional pretendía destruir la provincia de Tierra del Fuego a través de quitarle los beneficios a la industria para privilegiar a importación”.
Martes 14 de noviembre de 2017
