En diálogo con Mañana Silvestre, Víctor Hortel, abogado penalista y ex director del Servicio Penitenciario Federal, sostuvo que el fallo que indica que los presos deben tener los mismos derechos laborales que cualquier trabajador, como asignaciones familiares, aguinaldo y vacaciones, viene a reconocer en la persona que está privada de libertad esencialmente su condición de persona y el reconocimiento de su dignidad. “Si tenemos un modelo de país con inclusión, la política penitenciaria también tiene que estar alineada a esa idea”, señaló Hortel.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un hábeas corpus colectivo. “Recibimos con agrado este fallo de la Cámara de Casación, que viene a reconocer en la persona que está privada de libertad esencialmente su condición de persona y el reconocimiento de su dignidad. Y esto es en función de reconocer que la persona que está privada de libertad tiene absolutamente de modo pleno todos los derechos, que no han sido confiscados por una sentencia condenatoria. Las sentencias condenatorias en todo caso sólo restringen parcialmente la libertad ambulatoria, no restringen el derecho a trabajar, a estudiar, a la cultura o de profesar una religión. Con lo cual salvo esa privación de liberada dada por la sentencia, todo lo demás tiene que obtener un desarrollo en la persona de la misma manera o por lo menos con las mismas garantías de aquellas personas que nos encontramos en libertad. Porque no hay nada en la sentencia que diga que esto tiene que ser de otra manera”.
Para Hortel la discusión en torno a las condiciones de trabajo “si se quiere es una discusión tal vez secundaria: lo primero que hay que establecer y reconocer -y que la gente y la sociedad tiene que adoptar de una vez por todas-, es que la persona que está privada de libertad sigue siendo persona, no se disminuye en nada en términos de ese parámetro de persona y de dignidad. Hay mucha gente que critica el tema del trabajo y que estudien precisamente porque no le reconocen la categoría de persona. Y este es un punto fundamental: porque la política penitenciaria necesariamente responde al modelo de país, con lo cual si tenemos un modelo con inclusión, la política penitenciaria también tiene que estar alineada a esa idea. Y el Estado tiene una de exclusión, lo que se va a reproducir en un sistema carcelario es solamente el encierro por el encierro mismo, lo que no está permitido por la Constitución”.
“Cuando yo establezco un sistema inclusivo, se generan estas situaciones que para algunos pueden ser paradójicas pero para otroes una cuestión básica: la personas privada de libertad solamente cede o restringe la libertad ambulatoria –continuó Hortel en su diálogo con Del Plata-. Ahora necesariamente esta sentencia de Casación que pone énfasis en las condiciones de trabajo va a generar que haya una nueva relación o un nuevo parámetro en términos de la particular situación de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque el trabajo no puede ser trabajo esclavo en términos de remuneración y de las condiciones. La primera pregunta es: ¿quién se beneficia con el trabajo de las personas privadas de libertad? Y esencialmente el beneficio es para por le Servicio Penitenciario. Y la siguiente es: ¿por qué el Servicio Penitenciario tiene que beneficiarse del trabajo de personas privadas de libertad que no son reconocidas?”
Según comentó Hortel en las cárceles las personas “trabajan en la confección de uniformes, de borceguíes, muebles, etc. que el mismo Servicio Penitenciario se encarga de comercializar. ¿Y por qué alguien tiene que beneficiarse con esa comercialización sin reconocer la vigencia plena de las leyes del trabajo y de la seguridad social?”.
Hortel aclaró además que “no todas las personas privadas de libertad trabajan. Esto también tiene que ver con otra mecánica arbitraria. Todos deberían tener reconocido el derecho a trabajar. Ahora muchas veces esto queda en manos de la arbitrariedad del personal penitenciario, que asigna trabajo o no, o que asigna determinada cantidad de horas, o no. Y el hecho de que el respeto de las condiciones sea enfatizado por un Tribunal, establece la necesidad de tener un parámetro racional”.
Durante la entrevista Hortel reconoció que “hay que hacer un trabajo sobre el propio Servicio Penitenciario a los efectos de terminar con estos colchones de corrupción que de alguna manera lo que hacen es no cumplir con el precepto constitucional de que las cárceles tienen que ser una cosa completamente distinta de lo que son hoy en la realidad. Necesariamente tiene que haber una readecuación normativa: la ley del Servicio Penitenciario es de 1973, estaba pensada en una política completamente distinta al modelo de inclusión que lleva adelante este Gobierno”.
Denuncia del juez Bonadio
Consultado por la noticia de que el juez Claudio Bonadio lo procesó como encubridor por la fuga de los militares que se habían ido a atender al hospital Militar, Hortel señaló que se enteró por los diarios: “Para mí es una barbaridad. Habrá que transcurrir la instancia judicial para tratar de dar vuelta eso que para mí es una arbitrariedad total. Porque pareciera que el jefe del Servicio Penitenciario Federal tiene que estar simultáneamente en todo el país, en todas las unidades y haciéndose cargo de todas las unidades… Para mí es una barbaridad”.
Audio completo de la entrevista
Miércoles 3 de diciembre de 2014
