El letrado Marcelo Parrilli habló en Radio Del Plata de la realidad política y de la relación con el sistema judicial, de cara al repentino avance de causas judiciales contra referentes de la anterior gestión.
“La semana pasada el Gobierno Nacional ha tenido la necesidad de cubrir distintos episodios como tarifazos, alzas constantes de precios, el episodio de corrupción de Mauricio Macri, con sociedad offshore. Y se desencadenó en Comodoro Py, al unísono con eso, una escalada de detenciones, imputaciones, con el objetivo de cubrir esto”, reflexionó Parrilli.
Parrilli habló de las influencias políticas al interior del sistema judicial, y del comportamiento cambiante de algunos magistrados, en relación a los tiempos de cada Gobierno.
“Lamentablemente el fuero federal es muy político, en donde los jueces actúan de acuerdo a sus propias conveniencias. No hay un esfuerzo más inútil que el de un Gobierno tratando de tener jueces amigos. Los jueces son amigos mientras un gobierno conserva el poder, en la medida que lo van perdiendo se vuelven neutrales, y finalmente se transforman en enemigos, y me parece que es lo que está ocurriendo ahora”, apuntó.
“Hubo jueces que durante años tuvieron causas en las que no avanzaron, o que analizaron con cuidado toda denuncia, y ahora actúan con una celeridad llamativa provocando detenciones, que están bastante lejos de lo que la propia jurisprudencia establece”, dijo y destacó que el estado natural de una persona sospechada o imputada en un proceso es el de libertad, situación que solamente podría cambiar en caso de sospechas de fuga o de entorpecimiento de la investigación en curso.
En relación al caso Fariña, aclaró que “Los dichos de un imputado y procesado, -y mas cuando está detenido- apuntan a mejorar su situación procesal en desmedro de otros, y son tomados con pinzas. Con eso solo no alcanza para realizar unas imputaciones”.
La imputación a Macri
Para el abogado la imputación contra el presidente Macri realizada por el fiscal Federico Delgado tiene como eje central la “omisión maliciosa a esa sociedad en la declaración jurada” del mandatario.
“Los dirigentes no tienen que cometer infracciones legales ni morales. En el caso de los funcionarios públicos, la Constitución exige como requisito la idoneidad, que no es solo técnica sino moral, y esta es una omisión grave del presidente”, consideró.
“Quién va a invertir en Argentina si el Presidente tiene una sociedad destinada a eludir impuestos u ocultar capitales”, se preguntó el abogado.
Lunes 11 de abril de 2016
