El director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dialogó con Gustavo Sylvestre y defendió el derecho de protesta estudiantil ante la toma de 12 instituciones educativas porteñas en reclamo de mejores viandas y en contra de prácticas laborales obligatorias, y cuestionó la actitud del Gobierno porteño porque a su juicio se intenta “amedrentar e inhibir” a los reclamos.
Ya son 12 los colegios porteños tomados por los estudiantes en protesta por la calidad de las viandas y en rechazo de las prácticas laborales obligatorias. En tanto, la respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue lanzar una denuncia penal contra los padres de los alumnos involucrados en la protesta.
“Jurídicamente es inviable la acción y los dispositivos que está desplegando la Ciudad de Buenos Aires. El día lunes anunciaron que iban a hacer denuncias penales bajo la figura de usurpación, ayer anunciaron que iban a hacer acciones contravencionales por estar en un espacio público o privado sin autorización de la persona que gestiona el lugar y agregaron este de perseguir a los padres por daño civiles. Nos parece descabellado, no hay antecedentes de este tipo de iniciativas”, dijo en Mañana Sylvestre, el responsable de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
“Están llevando adelante un proceso de criminalización y notificando a las familias y a los padres para presentarse en la Justicia contravencionales y penal de la Ciudad de Buenos Aires bajo este delito contravencional. Y es un efecto amedrentador e inhibidor, es lo que buscan”, refirió.
En este marco, sostuvo que el deber del Estado es atender los reclamos y proteger los derechos de los estudiantes: “Cuando los chicos organizan algún tipo de reclamo, eso debe estar protegido, requiere de una calidad mayor en términos de respeto que tiene que tener el Estado frente a esa situación. Nos llama mucho la atención este escenario de incertidumbre que crearon las propias autoridades”.
