El integrante de la web Chequeado en su espacio semanal en Mañana Sylvestre presentó la situación patrimonial de los 11 jueces federales, en base a las declaraciones juradas obtenidas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“Estos jueces son los que investigan las principales causas de narcotráfico y corrupción del país, por eso es importante conocer estas declaraciones, para saber quiénes son los más ricos y en qué invierten”, explicó Di Santi sobre los motivos del informe.
Di Santi advirtió sobre un tema que llama la atención respecto de la situación de 3 magistrados: “Es interesante que tanto Torres como Bonadio y Ercolini no declaran cuentas bancarias en sus declaraciones juradas”.
Aclaró que la primera en la lista es María Romilda Servini de Cubría, quien asumió en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 en noviembre de 1990, declaró un patrimonio de “$4,3 millones.
La magistrada reportó cuatro propiedades, tres en Capital Federal y una en Mar del Plata; dos autos y una lancha, y ahorros en depósitos y en efectivos por cerca $3,8 millones, una parte de ellos en Uruguay por más de US$200.000.
En segundo lugar aparece el titular del Juzgado Federal N° 12, Sergio Torres, quien presentó un patrimonio de $3,4 millones. Declaró una casa y dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; dos autos, una lancha y ahorros en efectivo por $1,2 millones de pesos. Además de sus ingresos como juez ($1,1 millones anuales), declaró ingresos por $455 mil por su tarea docente en distintas universidades.
Luego viene Sebastián Ramos titular del Juzgado Federal N° 2, con $2,7 millones de patrimoni. El juez declaró una parte de su patrimonio en bienes muebles e inmuebles: una casa en la Provincia de Buenos Aires y cuatro autos. Consignó, además, títulos públicos (Bonar 24) por $290 mil y dinero en los Estados Unidos por casi US$ 190 mil, que comparte con su hermano y obtuvo a través de un juicio al ANSES que ganó su padre, según detalló.
Un poco más atrás aparece Claudio Bonadio, del Juzgado Federal N° 11, quien declaró un patrimonio de $2,6 millones de pesos. Dispone una casa en San Martín un auto y acciones, además de US$60.000 dólares en efectivo y $370.000. Lo curioso es que Bonadío también declara $60.000 en armas de fuego.
El quinto lugar lo ocupa el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien además de ser titular del Juzgado Federal N° 8 subroga el Juzgado Federal N° 5 desde la renuncia de Oyarbide. El magistrado declaró un patrimonio de $2,4 millones de pesos, compuesto por una casa en la Ciudad, otra en General Rodríguez, y un terreno de 1500 m² en Moreno. Un auto y $800.000 en plazos fijos y cuenta corrientes y US$60.000 en efectivo.
En sexto lugar figura Luis Rodríguez, del Juzgado Federal N° 9, con 2,2 millones de pesos. La mayor parte corresponden a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires y a dos terrenos en Escobar. El titular del Juzgado Federal N° 3, Daniel Rafecas, declaró casi $2,2 millones de patrimonio,que incluye una casa valuada en 1,2 millones de pesos. Luego viene el juez federal N° 4, Ariel Lijo, con 2,1 millones de pesos. Además de ahorros en efectivo y cuentas bancarias, declara un lote en Berazategui de más de 1000 metros cuadrados.
Octavo figura Rodolfo Canicoba Corral, del Juzgado Federal N° 6, quien declaró, entre otras cosas, un terreno de 1.200 metros cuadrados en Uruguay por $60.000 y una parte de una casa en Vicente López por casi 490 mil pesos. Su patrimonio total es de 1,4 millones de pesos. El titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, se ubica en décimo lugar. Declaró un patrimonio de $1 millón, que incluye dos casas en la localidad de Hurlingham.
En el otro extremo se encuentra Sebastián Casanello, del Juzgado Federal N° 7, quien declaró un patrimonio de 313 mil pesos. Si bien declaró una propiedad por más de $400 mil en San Isidro y dinero en efectivo y depósitos por más de $100 mil, consignó una deuda hipotecaria de 300 mil pesos.
Por último Di Santi aclaró que los jueces federal tienen altísimos ingreso y “mensualmente cobran un salario de entre $80.000 y $100.000. A esto hay que sumarle antigüedad y si subrogan en otros juzgados. Y tampoco pagan el impuesto a las Ganancias”.
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Viernes 7 de octubre de 2016
