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“La Corte tiene que optar entre hacer cumplir la ley o favorecer al Gobierno”, precisó Mariano Lovelli, de CEPIS

El abogado del CEPIS, Mariano Novelli, quiens presentó un amparo colectivo que frenó el tarifazo del gas, habló con Gustavo Sylvestre sobre la próxima resolución de la Corte Suprema, quien estaría por fallar sobre el caso.

Creo que la Corte tiene argumentos jurídicos sobrados dados no solamente por la Cámara Federal de La Plata, la de Córdoba, por tribunales de primera instancia de todo el país y la opinión calificada de la Procuradora General de la Nación, para ratificar la sentencia que hemos obtenido en La Plata, que inhabilita el tarifazo por no haber cumplido con el requisito de la audiencia pública”, sostuvo.

En relación a la probable decisión que tomará el máximo tribunal de Justicia, Lovelli indicó que “por lo que estuve leyendo temprano, la Corte tendría decidido por una parte hacer lugar a este planteo que nosotros hacemos, y estaba en discusión de última hora sobre una parte muy importante del precio de la tarifa, del valor de boca de pozo del gas, donde aparentemente le otorgaría una tabla de salvación al Gobierno para avalar el aumento”.

Si la Corte hiciera eso estaríamos decepcionados porque la norma habla claramente de audiencias públicas sobre la tarifa del servicio de gas”, apuntó sobre un posible fallo que reconozca en el Estado la facultad de aumentar el precio del gas en boca de pozo, sin la necesidad de realizar audiencias públicas.

“Más allá de los componentes que tiene una factura de gas, el servicio público es uno solo y el propio Estado lo entiende así cuando contestó demandas porque el cuadro tarifario se compone del precio del gas, de la tarifa de transporte y distribución, querer sacar una parte de la discusión de las audiencias públicas nos parece que es generar un atajo que lo que busca salvar al gobierno de una derrota segura”, sostuvo.

“La Corte tiene que optar entre hacer cumplir la ley o favorecer al Gobierno”, deslizó Lovelli y advirtió por una virtual contradicción de normas entre la Ley de Hidrocarburos, que no establece la necesidad de audiencias públicas para la modificación tarifarias, y la Constitución Nacional reformada en 1994 donde “establece los principios constitucionales de acceso a la información, la participación ciudadana y la audiencia pública como el momento institucional que cumple con esto”.

O se tiene una mirada restrictiva en cuanto a la participación de los ciudadanos, que es a lo que apunta el Gobierno, o se tiene una mirada amplia que incluye la participación de los ciudadanos y mejora la calidad de la democracia”, cerró.

Audio de la entrevista

Jueves 18 de agosto de 2016

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