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“La ley dice que los datos que fueron recopilados con un objetivo no pueden ser usados para otro”, explicó Beatriz Busaniche, de Vía Libre

“Los datos de las personas según el principio constitucional del habeas data son de las personas, no son de quien tiene la base de datos, por tanto los resguarda. La protección de datos debe ser clara”, indicó en Radio Del Plata Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre, organismo que defiende los derechos de los ciudadanos en el campo de la tecnología y el acceso a la información y la privacidad.

“Los resguardos son bastante claros, porque las personas tienen derecho a tener información sobre qué datos se tienen sobre ellos, sobre el consentimiento informado cada vez que se los incorpora a una base de datos, y tienen derecho a ser dados de baja de ellas”, aclaró.

Además cargó contra el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso porque “confunde datos públicos con los privados”. “Escuché ayer a Basavilbaso cometer errores técnicos que son inadmisibles, como confundir la ley de habeas corpus con la ley de derecho de habeas data. La confusión entre lo público y lo privado es lo que parece estar detrás del problema que está desatando a partir de esta medida”, sostuvo.

En relación a la necesaria protección de la información privada de los ciudadanos Busaniche llamó a realizar una “acción de habeas data” ya sea “por la vía judicial a través de una acción amparo” o “apelar a la oficina de protección de datos, y que haga cumplir nuestro derecho a ser retirado de una base de datos”.

Sin embargo, sobre esta última posibilidad, alertó por la necesidad de cambios en la autoridad de aplicación, que hoy recae en la oficina de protección de datos, que depende del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Uno no imagina a un funcionario del Ministerio de Justicia con rango de director, teniendo que ponerle los puntos sobre las íes al jefe de Gabinete”, dijo y agregó que hoy “la figura institucional de la dirección de protección de datos no tiene la fuerza suficiente para proteger ciudadano de los abusos por parte del Estado”.

“Hay un problema de organigrama, porque esa oficina que defiende los derechos de los ciudadanos debería estar en un ente autárquico, separado. Podría ser parte de la tarea del Defensor del Pueblo, por ejemplo. Figura que no contamos desde hace 1000 días”, deslizó.

Audio de la entrevista

Miércoles 27 de julio de 2016

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