Cristina Kirchner declaró este lunes en la sede de los tribunales de Comodoro Py, ante el juez Julián Ercolini, en la causa en que se la acusa de beneficiar desde su cargo público en la concesión de obras al empresario Lázaro Báez. En Radio 10, el abogado de la ex mandataria Carlos Beraldi negó la validez de la causa, y aseguró que son todas decisiones políticas “no judiciables”. También reclamó una investigación integral de las licitaciones de obra pública, que incluya al empresario Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- a quien ligó a Báez en carácter de «socio” comercial.
Beraldi ligó las dos causas por las que se acusa a la ex presidenta, tanto por la venta de dólar futuro como por las concesiones de obra pública y sostuvo que ambas se trata de «decisiones políticas» de Gobierno.
“En el caso del Dólar futuro la expectativa era encontrar adquirentes de dólar futuro dentro del gobierno, es decir, los que se habían beneficiado, y aquí hay un efecto paradojal porque está claro que los compradores más importantes eran los mismos funcionarios del actual gobierno que habían devaluado”, comentó.
“Acá quisieron jugar sobre seguro, entonces individualizaron desde el comienzo al empresario Lázaro Báez, pero les volvió a pasar exactamente lo mismo porque la presentación nuestra va dirigida no a que no se investigue, sino que se investigue toda la obra pública e inmediatamente cuando uno hace este planteo aparece un empresario mucho más importante que Lázaro Báez, que es Ángelo Calcaterra, en donde la participación que tiene en obra pública es inmensamente superior. Queremos que haya una imputación concreta en contra de la Presidenta, y que se investigue como corresponde, que no se tome una muestra sesgada”, añadió.
La investigación
Beraldi cuestionó las actuaciones de los fiscales Pollicita y Mahiques, consideró que no obran con independencia y señaló que desde el juzgado “no se ha hecho el control de legalidad» del expediente. “Hicimos planeos concretos afirmando que (la causa) se trataba de un acto nulo”, replicó.
Por otra parte, estableció que en el expediente hay una imputación “sesgada” dirigida contra la ex mandataria o su esposo, y criticó que no se incluyera ni a jefes de Gabinete, responsables de la administración de recursos del Estado, ni a los gobernadores, ya que toda la obra pública fue dirigida a las provincias.
“Lamentablemente en este momento la política gana en los tribunales de Comodoro Py, es una práctica que le hace muy mal a la Justicia, porque a la Justicia la tendríamos que preservar entre todos para que pueda funcionar de una manera independiente”, finalizó.
La relación con Báez
Por último, en conversación con Gustavo Sylvestre, el letrado negó que hubiera una relación comercial entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y calificó esa presunción como un “disparate”.
“Establecen que son socios porque en algún momento hubo una relación comercial, y eso importa un retorno de ganancias. Cuando uno analiza esas operaciones que sí existieron, que son públicas, que son básicamente compraventas de inmuebles, los precios son reales, es decir que no hubo una operación ficticia”, destacó.
Martes 1° de noviembre de 2016
