En Mañana Sylvestre, el Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires criticó la política de la Ciudad en materia de asistencia a los barrios más desprotegidos y reclamó la asistencia a los vecinos, en cuanto a sus necesidades básicas insatisfechas.
“No fue suficiente la ayuda de la Ciudad ante el temporal de acuerdo a los reclamos que nos siguen llegando de los vecinos, que recurren a la Defensoría General en pos de que sean atendidos en sus derechos y en sus necesidades básicas insatisfechas. El temporal ha agravado una situación deficitaria que tiene los pobladores de estos asentamientos. Fundamentalmente hemos recibido reclamos de las Villas 2124, Villa Fátima, Villa Los Pinos, Villa 15, Villa 1-11-14, Asentamiento Magaldi, Villa Lacarra, Villa Cardillo; Zabaleta y el complejo habitacional ubicado en Portela entre Castañares y Lafuente”, precisó el funcionario.
Además, en relación a la causa judicial que inició, el Defensor General de la Ciudad precisó que “El señor procurador de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Julio Conte Grand se presentó en el expediente e informó de algunas de las actividades que venían desarrollando en distintas dependencias del municipio pero esta información es a nuestro entender deficiente y poco precisa porque no indica ni montos, ni cantidades, ni lugares, ni planificación, ni medidas futuras a adoptar. Entonces le solicitamos a la jueza interviniente que dispusiera una inspección ocular”.
Respecto a una posible discriminación en la gestión pública de la Ciudad, Kestelboim refirió “este Gobierno tiene la característica de fijar determinadas prioridades, en lugar de atender temas sustanciales, proveer de vivienda y de asignación de fondos de educación, salud, organiza fastuosas fiestas deportivas como la que tuvo lugar la semana pasada”.
“Estos barrios pobres no están entre las prioridades de Macri, porque basta recorrer esos barrios para verificar que carecen de todo tipo de asistencia social. No es una situación nueva, es una situación por demás heredada pero lo que ocurre es que no aparecen políticas públicas de reparación. Y donde los presupuestos de vivienda y educación son subejecutados, significa que no se invierte lo que el poder legislativo autoriza al poder ejecutivo”, agregó.
Lunes 9 de abril de 2012
