Desde Montevideo adonde acudió a la nueva sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el titular del gremio de SUTEBA analizó el resultado de los comicios, y habló de las disputas que se vienen en el terreno sindical de cara a las reformas laborales que pretende llevar adelante la administración Macri.
«Evidentemente hay cosas que el Gobierno ha comunicado muy bien, porque estoy absolutamente convencido que muchas personas que lo votaron van a sufrir las consecuencias de las políticas que van a llevar adelante. Tiene buen aparato comunicacional y también hay que hacer un replanteo general de las estrategias que la oposición se tiene que dar y la construcción de un proyecto con la mayor unidad posible», analizó Baradel sobre el resultado de los comicios, que consolidaron la representatividad de Cambiemos en buena parte del país.
«Son momentos para pensar, reflexionar, no arrebatarse y ser muy generosos y tener claro que hay que hacer trazo grueso y aquellos que creemos que se puede vivir en un país con plena vigencia de los DDHH, distribución de la riqueza y que pueden ser beneficiados todos los argentinos, creo que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para encontrar los caminos de unidad, en la política partidaria, y en la construcción sindical y social», estimó.
El dirigente gremial convocó a los sectores de oposición al Gobierno a «dar una disputa en el ámbito cultural, de las ideas» para sumar adhesiones y defender los derechos sociales y laborales de los trabajadores.
«Cuando hablan de que hay que bajar costos laborales, significa que hay que quitarle derechos a los trabajadores. En la Argentina ni el Presidente ni los grupos empresarios hablan de discutir el nivel de ganancias que tienen las empresas, que son muchísimas. Quieren mas gente flexibilizada y explotada para que ellos puedan seguir maximizando ganancias», puntualizó.
Respecto a las denuncias presentadas por el CELS y acompañadas por Suteba ante la CIDH en Montevideo, Baradel apuntó contra «la persecución sindical» que habría en Argentina contra «aquellos dirigentes que levantamos la voz en defensa de los trabajadores», y trajo a colación los intentos por quitar la personería gremial y la aplicación de multas millonarias en medio de la disputa por la paritaria docente en provincia de Buenos Aires.
«Lo que sucedió en Tierra del Fuego donde hay trabajadores condenados por la Justicia, y los han exonerado cuando el resultante del sumario recomendaba una suspensión. Lo que ha pasado con el sindicato de Canillitas, las amenazas que han sufrido los abogados y jueces laborales y todo lo que ha significado amenazas, represión y criminalización de las protestas social y la defensa de los derechos de los trabajadores. Queremos que la CIDH le plantee al Gobierno que tiene que cesar en este tipo de prácticas», cerró.
Martes 24 de octubre de 2017
